Especialista de Redes advierte que solo el 13 % del presupuesto público en seguridad se destina a inversión, mientras que el 87 % se consume en sueldos y gastos corrientes.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las mayores amenazas para la economía peruana. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este problema representa un costo anual de S/19,800 millones —equivalente al 1.7 % del PBI—, y el sector privado asume la mayor parte. “Las empresas gastan alrededor de S/14,000 millones al año para protegerse, más del doble de lo que invierte el Estado”, explicó Patricio Lewis, experto en finanzas de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).
Lewis explicó que la violencia y las extorsiones desvían recursos que deberían destinarse al crecimiento. “Esta inseguridad ha destinado recursos claves que podrían impulsar el desarrollo económico y social del país”, señaló. En Arequipa, por ejemplo, las denuncias por extorsión casi se duplicaron en un año, pasando de 173 en 2024 a 331 hasta septiembre de 2025, con solo el 30 % de los casos resueltos.
El especialista sostuvo que, aunque aumentar el número de policías y mejorar la infraestructura es necesario, “por sí solo no será suficiente”. El Perú enfrenta un déficit de más de 50,000 agentes —20,000 solo en Lima— y el 71 % de las comisarías presenta infraestructura precaria. Para Lewis, el país necesita “una reforma integral que incorpore inteligencia, tecnología avanzada y modernización de los sistemas de investigación”.
En cuanto a la gestión de recursos, el experto alertó que el presupuesto público destinado este año a la reducción de delitos asciende a S/343 millones, pero su ejecución aún no alcanza el 100 %. “El 87 % del presupuesto se va en sueldos y gastos corrientes, y solo el 13 % se dirige a proyectos de inversión. Sin eficiencia ni cambios estructurales, los resultados seguirán siendo limitados”, advirtió.
Fuente: RPP