¿LA PRESIDENTA AÚN HABLA?

El prolongado silencio de la presidenta Dina Boluarte frente a la prensa —que ya supera los 200 días— no solo revela una preocupante ausencia de transparencia, sino que pone en evidencia una peligrosa tendencia al deterioro de la confianza hacia el poder Ejecutivo. En un sistema democrático, el diálogo directo con los medios de comunicación no es un acto de buena voluntad, sino una obligación institucional. Que recién ahora se insinúe un posible pronunciamiento antes del 28 de julio, a través de declaraciones indirectas de su abogado y no de su equipo de comunicación, demuestra una falta de respeto por el derecho ciudadano a estar informado.

Resulta preocupante que quienes rodean a la mandataria, incluyendo ministros de Estado, intenten justificar esta ausencia alegando que sus intervenciones en eventos oficiales son suficientes. No lo son. Un discurso leído, sin posibilidad de repregunta, no sustituye el valor del escrutinio público. El gobierno de Boluarte repite así los mismos patrones que tanto se criticaron de su antecesor Pedro Castillo, cerrándose al diálogo y mostrando una actitud defensiva ante la crítica y la rendición de cuentas.

La falta de diálogo no ocurre en el vacío. El informe más reciente del Consejo de la Prensa Peruana confirma que la libertad de expresión en el país se encuentra en una situación crítica, con la jefa de Estado liderando una narrativa que deslegitima el trabajo periodístico. La última vez que Boluarte habló con la prensa —en octubre de 2024— lo hizo bajo condiciones cuestionables, solicitando nombres y medios de los reporteros, lo que evidenció un ambiente de intimidación más que de apertura.

Si Dina Boluarte pretende recuperar credibilidad, no bastará con una declaración puntual o controlada. El país necesita una presidenta que rinda cuentas de manera regular, que responda sin filtros ni evasivas, y que entienda que gobernar en democracia implica enfrentar preguntas incómodas. Romper el silencio no es suficiente; lo que se exige es un cambio genuino hacia una comunicación más honesta, directa y respetuosa con el rol fiscalizador de la prensa.