DOBLETE MUNICIPAL

                                   

Categoria : Editorial
Fecha de publicacion : 09 de junio de 2025 a las 02:33 p. m.
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Uno de los pilares de toda democracia es el derecho de los ciudadanos a decidir quién los gobierna. En ese sentido, la posibilidad de reelegir a una autoridad debería recaer exclusivamente en la voluntad de los votantes. Negar esa opción bajo el pretexto de prevenir malas prácticas no solo es un acto de desconfianza hacia el electorado, sino también una interferencia injusta por parte del Congreso en la autonomía de cada jurisdicción. Si un alcalde o gobernador ha ejercido un buen gobierno, corresponde a sus vecinos premiarlo o no con un nuevo mandato.

El rechazo en el Congreso a la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores refleja con claridad que, para muchos legisladores, pesan más los cálculos políticos que los principios democráticos. La reforma constitucional necesitaba 87 votos, pero solo obtuvo 78. Así, 26 congresistas en su mayoría de bancadas como Acción Popular, Podemos Perú, la Bancada Socialista y Juntos por el Perú decidieron mantener vigente una restricción que priva a los ciudadanos de un derecho básico: elegir con libertad.

Los argumentos planteados por estos legisladores resultan alarmantes por su carácter sobreprotector y contradictorio. Afirmaciones como la del congresista Pasión Dávila, quien sostiene que el pueblo “es manipulable”, no solo menosprecian la madurez política del electorado, sino que contradicen el principio mismo de representación democrática. Si de verdad creen que la reelección fomenta el populismo o la malversación de fondos, deberían predicar con el ejemplo y abstenerse también de postular nuevamente al Congreso.

La prohibición vigente, impuesta hace una década por una ley populista, se mantiene hoy por conveniencia de un grupo minoritario de parlamentarios que temen competir en igualdad de condiciones. Mientras tanto, se niega a los ciudadanos la posibilidad de respaldar o sancionar con su voto a quienes los gobiernan. La democracia no se protege limitando opciones, sino garantizando que estas existan. Confiar en el criterio del votante es una muestra de respeto al sistema y no una amenaza a él.