Ya es costumbre que tengamos un nuevo gabinete y el juramento del cuarto gabinete ministerial de Dina Boluarte no es la excepción, ahora liderado por Eduardo Arana, marca un nuevo episodio en una gestión caracterizada por la inestabilidad y la desconexión con el clamor ciudadano. La rápida reestructuración tras la renuncia de Gustavo Adrianzén parece haber sido más una respuesta coyuntural que un verdadero intento por renovar el rostro del Ejecutivo, algo que ha sido señalado por diversas voces del Congreso como una oportunidad desaprovechada.
Las críticas desde el Parlamento no se han hecho
esperar. Aunque algunos legisladores reconocen en Arana cierta capacidad de
diálogo, también es evidente el descontento por la continuidad de figuras
ligadas a intereses partidarios, como en el caso del nuevo titular del MTC.
Esto refuerza la percepción de que no existe voluntad de reformular el rumbo
del Gobierno ni de enfrentar con seriedad la crisis política y social que
atraviesa el país.
A pesar de contar con la posibilidad de reconstruir puentes con el Legislativo y con la ciudadanía, la presidenta ha optado por mantenerse en una línea de mínima renovación, lo que ha sido calificado como una muestra de ceguera política. El descontento generalizado no solo apunta a los nombres, sino a la falta de autocrítica y de señales claras de cambio en la gestión gubernamental, en momentos en que la inseguridad, la economía y la institucionalidad exigen respuestas urgentes.
La legitimidad de este nuevo gabinete está en entredicho incluso antes de solicitar el voto de confianza. La reacción de bancadas como Perú Libre, Acción Popular y Podemos Perú refleja un clima de profunda desconfianza. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo el Ejecutivo continúa priorizando intereses personales y gestos protocolares, como el viaje al Vaticano, antes que las necesidades urgentes del país. Dina Boluarte aún tiene la responsabilidad y la última oportunidad de reconectar con la realidad nacional.