LA AMENAZA DE ADRIANZÉN

La advertencia del primer ministro Gustavo Adrianzén al Congreso, sobre una posible disolución del Parlamento si es censurado y el próximo gabinete no obtiene la confianza, pone en evidencia la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque su afirmación se basa en una disposición constitucional válida, el momento y la forma del anuncio levantan cuestionamientos sobre si se trata de una explicación técnica o una presión política velada para evitar su destitución.

En un contexto donde la ciudadanía exige resultados concretos frente a la inseguridad, la corrupción y la minería ilegal, que el primer ministro y la presidenta concentren sus discursos en la inestabilidad política en lugar de las soluciones de fondo resulta preocupante. Adrianzén afirma no aferrarse al cargo y estar dispuesto a renunciar, pero sus declaraciones parecen contradecir esa postura al presentar un eventual cierre del Congreso como una consecuencia directa de su censura, generando más incertidumbre que calma.

Si bien es legítimo alertar sobre las implicancias institucionales de una crisis total del gabinete, el deber del jefe del Consejo de Ministros es liderar con claridad, no advertir con dramatismo. En lugar de utilizar la Constitución como un escudo ante el Congreso, sería más constructivo que se enfoque en tender puentes políticos y explicar, con argumentos de gestión, por qué debe continuar en el cargo. Gobernar no es resistir, es convencer.

La democracia se fortalece con transparencia, respeto mutuo entre poderes y sobre todo, voluntad de servir al país antes que a intereses personales o partidarios. Frente a una posible censura que ya reúne una mayoría considerable, lo que corresponde no es generar temor, sino aceptar con madurez el juicio político y, de ser necesario, facilitar un cambio ordenado. En momentos críticos, el Perú necesita estadistas, no amenazas constitucionales.