LA DELINCUENCIA Y EL TERROR SE BURLAN DEL ESTADO DE EMERGENCIA

La declaración de estado de emergencia en Lima y Trujillo, dos de las principales ciudades del país, no parece haber tenido un impacto significativo en la lucha contra la violencia y los homicidios. Según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en marzo, ambas ciudades concentraron casi la mitad de los 187 homicidios registrados a nivel nacional. Aunque la cifra es alarmante, no es una excepción, ya que las muertes violentas continúan siendo una constante preocupación para la ciudadanía.

 El hecho de que Lima y Trujillo, bajo el régimen de emergencia, registren cifras tan altas de homicidios pone en evidencia las limitaciones de una estrategia que, hasta el momento, no ha logrado frenar la ola de violencia. La comparación de los tres primeros meses del año muestra que, aunque la cifra de homicidios ha descendido levemente en marzo con respecto a enero, la tendencia sigue siendo alarmante. Este fenómeno sugiere que, más allá de las acciones puntuales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la raíz del problema persiste sin ser abordada de manera efectiva.

Además de los homicidios, los datos también revelan un panorama sombrío en términos de muertes violentas en general. En marzo, se registraron 817 de estas muertes, que incluyen accidentes de tránsito, suicidios y otros hechos violentos. Las estadísticas muestran que el país sigue siendo el terreno para cometer  violencia, en la que los estados de emergencia no parecen ser una respuesta eficaz. Las muertes violentas, lejos de disminuir, parecen ser una constante en diversas regiones del país, desde Piura hasta Madre de Dios, lo que plantea serias preguntas sobre la implementación de estas medidas.

 Ante esta situación, es imperativo replantear la estrategia de seguridad pública en el país. El uso de los estados de emergencia y la presencia de las Fuerzas Armadas no pueden ser la única solución ante un problema tan complejo como el crimen organizado, el narcotráfico y las dinámicas sociales que alimentan la violencia. Es necesario un trabajo articulado entre los operadores de justicia, una mayor inversión en programas sociales y el fortalecimiento de la Policía Nacional para combatir de manera efectiva la violencia en nuestras calles.