INFORMAR SIN OBLIGAR
La propuesta del Ejecutivo para establecer una franja horaria en los
medios de comunicación destinada a la difusión de contenido gubernamental ha
generado un intenso debate en el país. La presidenta Dina Boluarte insiste en
la necesidad de informar constantemente a la ciudadanía sobre los avances de su
gestión, especialmente en el contexto del estado de emergencia por la
inseguridad ciudadana. Sin embargo, la medida ha sido recibida con preocupación
por diversos sectores, que advierten sobre los riesgos que representa para la
libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y
no condicionada.
El gobierno sostiene que esta iniciativa no busca influir en la línea editorial de los medios, sino garantizar que la población tenga acceso a información oficial sobre las acciones del Estado en materia de seguridad. Sin embargo, el anuncio de que la franja informativa tendrá horarios y tiempos de transmisión previamente definidos ha despertado sospechas sobre un posible intento de control informativo. La posibilidad de que esta medida se transforme en una herramienta de propaganda estatal es un peligro que no puede ser ignorado en un sistema democrático.
Las críticas de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y
la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reflejan la preocupación de la
prensa y de la sociedad civil ante un posible debilitamiento de la
independencia periodística. Obligar a los medios a transmitir contenido del
gobierno, bajo el argumento de un "deber de colaboración", puede
sentar un precedente que desgaste los principios democráticos y abra la puerta
a futuras regulaciones más restrictivas. La pluralidad informativa es un pilar
fundamental de cualquier democracia y no debe ser socavada bajo ninguna
circunstancia.
El gobierno debe reconsiderar su propuesta y buscar mecanismos alternativos para informar a la ciudadanía sin comprometer la libertad de prensa. Existen múltiples canales institucionales y plataformas digitales que pueden ser aprovechados sin necesidad de intervenir en la programación de los medios privados. La seguridad ciudadana es un tema de gran relevancia, pero combatir la delincuencia no debe ser una excusa para debilitar derechos fundamentales. La transparencia y la comunicación son esenciales, pero siempre dentro de un marco de respeto a la independencia de los medios y a la diversidad informativa que caracteriza a una sociedad democrática.