FACULTADES PARA COMBATIR EL CRIMEN: ¿UNA RESPUESTA URGENTE O UN CHEQUE EN BLANCO?
La inseguridad ciudadana vuelve a colocar al Gobierno y al Congreso frente a una decisión que no admite indiferencia. Tras el grave hecho criminal ocurrido en Trujillo, la preocupación de la población se hace evidente: ciudadanos que ya no se sienten seguros al salir de casa, acudir a un restaurante o transitar por las calles. En Villa El Salvador, los vecinos consultados respaldaron mayoritariamente la posibilidad de que el Congreso otorgue facultades al Ejecutivo, bajo el argumento de que la delincuencia se ha desbordado y se necesitan herramientas más contundentes para enfrentarla.
El pedido del Ejecutivo no es menor. El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley de delegación de facultades legislativas por 120 días calendario, mediante el Oficio N.º 245-2026-PR, con carácter de muy urgente. La propuesta contempla 66 solicitudes específicas agrupadas en ocho materias principales, entre ellas seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, reactivación económica, modernización del Estado y prevención frente a emergencias. En materia de seguridad, se plantean medidas contra organizaciones criminales, incluso su calificación bajo la figura de organizaciones terroristas, además del reforzamiento temporal de las Fuerzas Armadas en penales y zonas fronterizas.
Pero otorgar facultades no debería significar entregar un poder sin controles. La demanda ciudadana por seguridad es legítima y urgente, pero cualquier reforma debe estar acompañada de resultados, fiscalización y respeto al marco constitucional. Los propios vecinos plantearon una preocupación concreta: el serenazgo muchas veces carece de preparación suficiente para enfrentar una delincuencia cada vez más violenta. Por ello, más que promesas, se necesitan policías y serenos mejor capacitados, inteligencia operativa, coordinación entre instituciones y una estrategia nacional que permita actuar tanto en Lima como en las regiones.
El Congreso tiene ahora una responsabilidad que va más allá de aprobar o rechazar una solicitud presidencial: debe decidir si las 66 medidas y los 120 días propuestos realmente pueden traducirse en mayor seguridad para los ciudadanos. La población pide respuestas y las pide rápido, pero también merece saber qué se hará, cómo se hará y quién controlará los resultados. Después de años de escuchar anuncios contra la delincuencia, el verdadero desafío para el Ejecutivo será demostrar que estas facultades no serán simplemente más leyes sobre el papel, sino acciones capaces de devolverle a la gente algo tan básico como la tranquilidad de salir de casa y tener la certeza de poder regresar.