¿ESTADO DE EMERGENCIA O PURA PANTALLA?
El Gobierno ha vuelto a recurrir al estado de emergencia como respuesta frente al avance de la criminalidad. La medida inició desde el sábado 28 de agosto y tendrá una duración de 60 días calendario en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, periodo en el que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La decisión contempla restricciones a derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Sin embargo, en las calles de Villa El Salvador, los vecinos plantean una pregunta que no puede ser ignorada: ¿basta con declarar un estado de emergencia para recuperar la seguridad?
En el mercado Plaza Villa Sur, entre las avenidas Central y César Vallejo, las opiniones fueron divididas, pero coincidieron en un punto fundamental: la presencia de policías y militares debe sentirse en las zonas donde realmente opera la delincuencia. Algunos vecinos consideran que la medida puede funcionar porque permite mayores restricciones y facilita la acción policial; otros cuestionan que los agentes sean ubicados en lugares donde existe menor riesgo, mientras los sectores más peligrosos continúan desprotegidos. El temor ciudadano es evidente: salir a la calle, utilizar el transporte público o simplemente esperar en un paradero se ha convertido, para muchos, en una experiencia marcada por la inseguridad.
El nuevo operativo plantea una estructura más amplia que simples patrullajes. Se crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada, encabezado por el comandante general de la PNP e integrado por las Fuerzas Armadas, inteligencia, gobiernos locales, Ministerio Público y Poder Judicial. Además, se anuncian controles de identidad, operativos contra armas y explosivos ilegales, recuperación de espacios públicos y fiscalización de mercados relacionados con delitos como trata de personas, drogas, tráfico de armas, chips telefónicos y autopartes ilegales. También se utilizarán videovigilancia, drones, sistemas satelitales e inteligencia predictiva. Sobre el papel, es una estrategia mucho más completa; el verdadero desafío será demostrar que esta planificación se traduce en resultados concretos y no queda nuevamente en anuncios.
La experiencia de anteriores estados de emergencia obliga a exigir resultados medibles. Los vecinos de Villa El Salvador no piden únicamente policías y militares visibles, sino seguridad efectiva y permanente en los puntos críticos. El propio plan establece que, al finalizar los 60 días, el Comando deberá presentar un informe con los resultados y recomendaciones. Allí estará la verdadera prueba: cuántos delitos se redujeron, qué organizaciones criminales fueron desarticuladas, qué armas fueron incautadas y qué zonas recuperaron su tranquilidad. Un estado de emergencia no puede convertirse en una fotografía de policías en las calles durante dos meses; debe ser una intervención con objetivos, estadísticas y resultados. Si al terminar el plazo los ciudadanos continúan sintiendo el mismo miedo, entonces habrá quedado demostrado que declarar la emergencia es mucho más fácil que resolver la inseguridad.