La convocatoria a una movilización nacional impulsada por el colectivo Generación Z revela un malestar social que no puede seguir siendo minimizado. Más allá de la fecha y los recorridos, la protesta del 28 de enero expresa una demanda profunda de justicia por las muertes ocurridas en manifestaciones previas y un rechazo frontal a un gobierno que, para muchos ciudadanos, ha perdido legitimidad. Cuando una generación joven decide tomar las calles, lo hace no por impulso, sino por la convicción de que los canales institucionales han dejado de responder.
En Lima, el inicio de la marcha en el Puente Atocongo y su desplazamiento hacia el Congreso simbolizan una interpelación directa al poder político. La adhesión de gremios de transportistas y comerciantes añade una dimensión clave: la inseguridad y las extorsiones ya no son problemas sectoriales, sino una amenaza cotidiana que atraviesa la economía y la vida urbana. Esta convergencia de demandas evidencia que la crisis no es aislada ni coyuntural, sino estructural.
En las regiones, la protesta adquiere un rostro aún más elocuente. Concentraciones como la de Arequipa en la Plaza España y la anunciada “marcha de sacrificio” desde Ayacucho hacia la capital refuerzan la idea de un país fragmentado, donde las voces del interior sienten que solo caminando largas distancias pueden ser escuchadas. Estas expresiones regionales recuerdan que la agenda nacional no puede seguir centrada únicamente en Lima.
Las exigencias —la renuncia del presidente José Jerí tras el escándalo del “Chifagate”, la transparencia en el Ministerio Público y la derogación de normas percibidas como protectoras de la impunidad— plantean un desafío urgente a la clase política. Ignorar estas demandas sería profundizar la brecha entre Estado y ciudadanía. Escucharlas, en cambio, podría ser el primer paso para reconstruir la confianza y evitar que la protesta se convierta en la única forma de participación democrática efectiva.