EL NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ TENDRÁ HARTA CHAMBA

En ese contexto, la demanda por medidas firmes se repite con fuerza. Algunos ciudadanos plantean incluso soluciones drásticas, como endurecer las penas, reformar el sistema penitenciario y reforzar el apoyo de las fuerzas del orden. Más allá de la dureza de ciertas propuestas, lo que revelan es una percepción compartida: las cárceles no están cumpliendo su función de resocialización y el delito sigue encontrando espacios para organizarse y expandirse. El mensaje es claro: el país exige autoridad, pero una autoridad eficaz y dentro del marco de la ley.

Sin embargo, la inseguridad no puede entenderse separada de otro problema de fondo: la corrupción. Varios vecinos coinciden en que cualquier esfuerzo por devolver el orden será insuficiente si no se depura primero a las instituciones encargadas de hacerlo. La Policía, el sistema de justicia y los organismos del Estado necesitan una reforma profunda que devuelva credibilidad, porque combatir el delito con estructuras corroídas solo prolonga la crisis. La seguridad, entonces, no depende únicamente de más presencia policial, sino de instituciones limpias, modernas y capaces de actuar con firmeza.

A ello se suma una preocupación igualmente decisiva: la economía y el empleo. La inseguridad golpea, pero también lo hace la falta de oportunidades, especialmente entre los jóvenes. Un país que no ofrece trabajo, educación de calidad ni horizonte de progreso termina alimentando el desencanto y la desigualdad. Por eso, los cien primeros días de gestión deberían estar marcados por una agenda integral: seguridad, lucha contra la corrupción, reactivación económica y atención a la juventud. Solo así el próximo gobierno podrá responder al reclamo más profundo de Villa El Salvador y de todo el Perú: vivir con tranquilidad y esperanza.