EXTORSIONES, INFORMALIDAD Y MENOR CRECIMIENTO SERÁN LOS PRINCIPALES RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Aunque el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y cerró el 2025 con un crecimiento de 3,4% impulsado por el consumo y la inversión privada, las proyecciones apuntan a una desaceleración en los próximos años.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento bajaría a 2,8% en 2026, en un entorno internacional menos favorable y con problemas internos como la inseguridad ciudadana y la minería ilegal, que afectan directamente la inversión y el empleo. En esa línea, el INEI advierte que “más de la mitad de los hogares peruanos identificó la delincuencia como uno de los problemas más graves del país”, reflejando la magnitud del deterioro de la seguridad.

Las cifras refuerzan el tamaño del desafío que enfrentará la próxima gestión. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, “más de 13.000 bodegas fueron víctimas de extorsión en el 2023”, mientras que el Banco Central de Reserva estima que las pérdidas por criminalidad representan el 2,8% del PBI. A ello se suma el Reporte de Riesgos Globales elaborado por el Foro Económico Mundial, que precisa a la delincuencia y la actividad económica ilícita como “el riesgo número uno que afronta el país este año”.

En conjunto, los informes coinciden en que el próximo Gobierno no solo heredará una economía con menor dinamismo, sino también un problema estructural que no puede seguir postergándose. La inseguridad afecta directamente la inversión, el funcionamiento de las mypes y la generación de empleo formal, configurando un escenario que exigirá decisiones concretas desde el primer día de gestión.

Fuente: Infobae, Gestión, El Comercio, INEI, RPP