Los proyectos se ejecutarán bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) e incluirán ingresos "no tarifarios" para asegurar su viabilidad financiera.
Tras la exclusión de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) aclaró que la medida responde a la complejidad técnica de su financiamiento y no a una cancelación. David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, explicó que estos proyectos requieren un modelo de estructuración financiera más sofisticado que el de obras convencionales. Hernández adelantó que el decreto supremo de priorización bajo el esquema de APP se oficializará en un plazo máximo de dos semanas, precisando que “el estimado de los proyectos son de nueve a 10 años. Esto no quiere decir que no puedan iniciar por fases, mucho antes de la culminación”.
El nuevo modelo de gestión propuesto para estas megaobras busca reducir la dependencia exclusiva del gasto público mediante el aprovechamiento de "ingresos no tarifarios". Esto incluye el desarrollo urbano y comercial alrededor de las estaciones, permitiendo que las potencialidades inmobiliarias del proyecto generen fondos adicionales. Para lograrlo, se plantearán modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. El titular de la ATU destacó el impacto social de estas rutas al señalar que “estos proyectos tienen un valor no solo técnico, sino social, porque reducen tiempos de viaje, eliminan externalidades negativas y disminuyen los sobrecostos de la movilidad actual”.
Por su parte, ProInversión destacó que la articulación entre las etapas de diseño y ejecución facilitará que estos proyectos ferroviarios, junto con el Tren Lima-Ica, ingresen oficialmente a la cartera de prioridades del Estado. Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la entidad, confirmó que se está formalizando la decisión política para asegurar la continuidad de estas inversiones. El objetivo es consolidar un sistema de transporte masivo que no solo modernice la capital, sino que utilice un esquema financiero sostenible que sea presentado como una política de Estado ante el próximo gobierno y el Congreso.
Fuente: La República