El politólogo Yef Lizana Guillén, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Nacional Federico Villarreal, analizó el reciente caso de asilo otorgado por México a la exprimera ministra Betssy Chávez.
El politólogo Yef Lizana Guillén, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Nacional Federico Villarreal, analizó el reciente caso de asilo otorgado por México a la exprimera ministra Betssy Chávez. En entrevista para con ´Diálogo Ciudadano´, Lizana explicó que el asilo político es una figura contemplada en el derecho internacional que permite a cualquier persona que se considere perseguida política solicitar refugio en otro país. “Está en la disposición del país asilante otorgarlo o no, bajo una evaluación precisa de los argumentos”, señaló desde el distrito de Ninabamba, en Ayacucho.
El especialista recordó que Chávez viene enfrentando un proceso judicial por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, y que desde el inicio del juicio ha sostenido ser víctima de persecución política. “México, al concederle el asilo, muestra al mundo la imagen de un Perú con una justicia inestable y un gobierno que persigue a sus exautoridades”, comentó. Añadió que, según los tratados internacionales, el Estado peruano está obligado a otorgarle el salvoconducto que le permita salir del país, aunque el gobierno haya decidido romper relaciones diplomáticas con México.
Lizana consideró que esta ruptura agrava la percepción internacional de inestabilidad política en el Perú. “Romper relaciones diplomáticas de manera inmediata no es saludable. México y Perú son socios comerciales y tienen vínculos migratorios y turísticos importantes”, advirtió. Asimismo, criticó que estas decisiones se tomen sin un análisis diplomático más profundo, ya que —dijo— no se aplicó el mismo criterio frente a Brasil cuando concedió asilo a la esposa del expresidente Ollanta Humala.
Finalmente, el politólogo advirtió que el caso de Betsy Chávez podría marcar un precedente peligroso. “Definitivamente abre las puertas para que otros exfuncionarios investigados se amparen en la figura del asilo político”, sostuvo. Recordó que, a diferencia de lo ocurrido con Alan García —a quien Uruguay le negó el asilo por no considerarlo un perseguido político—, el gobierno mexicano sí reconoció esa condición en Chávez. “Esto refleja decisiones unilaterales entre Estados, pero también revela la fragilidad de nuestras instituciones y el desprestigio de la justicia peruana”, concluyó.