¡APENAS 250 POLICÍAS PARA TODO VILLA EL SALVADOR!
En menos de 24 horas, tres asesinatos estremecieron Lima Sur, retratando con crudeza el desborde de la violencia urbana. El jueves 16 de octubre, en San Juan de Miraflores, Valeria Andreína Suárez, joven venezolana de 25 años, fue acribillada con más de 20 disparos en la asociación Buenos Aires. Los sicarios, en un gesto tan macabro como simbólico, dejaron una rosa sobre su cuerpo, una clara advertencia extorsiva. En Lurín, una combi informal fue interceptada por delincuentes que abrieron fuego mientras el vehículo seguía en movimiento, matando al conductor Yorbel Salazar Romero y dejando varios heridos. Horas después, el viernes 17 de octubre en Villa El Salvador, el constructor civil Leoncio García Nunta fue asesinado a balazos. Tres vidas perdidas en un mismo día, tres historias unidas por la misma raíz: la impunidad.
La ola criminal que golpea a Lima Metropolitana ha sobrepasado los límites de la tolerancia ciudadana. La violencia ya no distingue hora, lugar ni condición. Los vecinos viven con miedo y reclaman a gritos la intervención del Estado. Sin embargo, la respuesta de las autoridades sigue siendo fragmentada y desigual. Mientras el Consejo municipal del distrito de Lurín aprobó declarar en estado de emergencia la seguridad ciudadana por 30 días, medida que se oficializó en el Diario El Peruano el último viernes 17 de octubre, zonas como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores o Lurín siguen desprotegidas, pese a que allí también la delincuencia se ha vuelto cotidiana. Los llamados a la acción inmediata se multiplican, pero los resultados concretos siguen ausentes.
El déficit policial es parte del problema estructural que agrava la crisis. Según la ONU, debería haber al menos 2,800 policías por cada 1.000 habitantes, y el promedio en América es de 3,7. En el Perú, la cifra es mucho menor y, además, se suma la precariedad del propio sistema: patrulleros inoperativos, falta de equipamiento. Asimismo, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, resaltó que para medio millón de habitantes hay 8 camionetas de la policía y 250 efectivos, mientras que las zonas con mayor presencia policial —San Isidro, Miraflores o el Cercado de Lima— reflejan una distribución desigual que deja expuestas a las áreas más vulnerables.
Lima Sur vive una realidad que debería interpelar a toda la estructura del Estado. No se trata solo de reforzar la presencia policial, sino de recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la inteligencia criminal y garantizar políticas sostenidas de prevención y control. Cada asesinato, como el de Valeria, Yorbel o Leoncio, representa no solo una tragedia personal, sino también un fracaso colectivo. Si el Estado no logra restablecer el orden y la seguridad, la capital terminará normalizando el horror, mientras sus habitantes aprenden a vivir —o a sobrevivir— entre el miedo y el silencio.