El allanamiento a las viviendas de Nicanor Boluarte y del coronel PNP Percy Tenorio, en el marco de una investigación por presunta corrupción que también involucra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santibáñez, ha desatado un fuerte debate político en el país.
El allanamiento a las viviendas de Nicanor Boluarte y del coronel PNP Percy Tenorio, en el marco de una investigación por presunta corrupción que también involucra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santibáñez, ha desatado un fuerte debate político en el país. Según explicó el politólogo Andy Philipps en ´Diálogo Ciudadano´, el caso apunta a presuntos favorecimientos ilícitos, cobros indebidos y protección a intereses privados a cambio de sobornos dentro del Ministerio del Interior.
Philipps detalló que los hechos investigados incluyen el direccionamiento de contratos, la permanencia irregular de generales en sus cargos y la presunta protección a la mina El Dorado. “El juez autoriza un allanamiento solo cuando existen indicios serios. No es una decisión ligera”, subrayó, en referencia a las críticas del Ejecutivo, que ha calificado las pesquisas como una amenaza a la gobernabilidad.
El especialista sostuvo que detrás de la defensa cerrada del gobierno se encuentra la búsqueda de impunidad, recordando medidas impulsadas por la administración de Dina Boluarte, como la ley que restringe el apoyo de ONG a víctimas de represión, el blindaje a militares acusados de abusos y la reciente intención de apartar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Boluarte teme que tarde o temprano deberá responder por los más de 50 muertos en las protestas de 2022 y 2023”, señaló.
Finalmente, Philipps advirtió que la confrontación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público podría desembocar en un grave choque de poderes. “El Ministerio Público mantiene un discurso institucional, mientras el gobierno busca desacreditarlo y promover una reforma judicial que en realidad apunta a controlar jueces y fiscales. Lo que está en juego es el futuro de la justicia frente a un intento de politización y blindaje”, finalizó.