El secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo, cuestionó duramente la reciente promulgación de la ley de amnistía que beneficia a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos.
El secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo, cuestionó duramente la reciente promulgación de la ley de amnistía que beneficia a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos. En entrevista con ´Diálogo Ciudadano´, Jugo señaló que la norma es “ilegal” y contraria a la Constitución, pues vulnera lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Barrios Altos (2001) declaró inadmisibles este tipo de medidas.
El especialista advirtió que la aprobación de esta ley evidencia el carácter “antidemocrático” del actual gobierno. Recordó que incluso el propio ministro de Justicia ha reconocido que los jueces podrían ejercer control constitucional frente a la norma. Sin embargo, mostró preocupación porque, en la práctica, muchos magistrados podrían verse presionados a aplicarla en favor de los acusados.
De acuerdo con cifras de la Coordinadora, serían alrededor de 796 personas las que podrían beneficiarse de la amnistía, entre procesados y condenados mayores de 70 años. Jugo reveló que ya se han presentado solicitudes de excepción en casos emblemáticos, lo que anticipa un impacto inmediato en procesos judiciales por graves violaciones de derechos humanos. Este escenario, sostuvo, podría abrir la puerta a la impunidad para responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.
En el plano internacional, el secretario adjunto afirmó que la medida deja al Perú en una posición crítica, pues implica un desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha solicitado al Estado no aplicar la ley hasta que se pronuncie oficialmente. Según Jugo, esta decisión no solo mina la credibilidad democrática del país, sino que también afecta sus relaciones internacionales y aspiraciones de integrarse a espacios como la OCDE.