EN EL PERÚ LOS POLÍTICOS SE LAVAN LA CARA

Una vez más, el Congreso de la República ha optado por proteger los intereses del poder antes que los derechos de las víctimas y la búsqueda de justicia. El reciente archivo sin debate de cuatro denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte, tres de ellas relacionadas con las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, constituye un grave retroceso en la rendición de cuentas del Estado. Con 11 votos a favor, congresistas de partidos como APP, Fuerza Popular y Renovación Popular decidieron cerrar la puerta a la posibilidad de una investigación política, dejando en el abandono a los familiares de los más de 60 fallecidos en manifestaciones que aún claman por justicia.

Este acto no es aislado, sino parte de una estrategia de impunidad respaldada por una mayoría congresal que, lejos de fiscalizar al Ejecutivo, lo protege en función de alianzas políticas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni siquiera abrió el debate para discutir la gravedad de los hechos denunciados, desestimando los informes con argumentos técnicos que eluden el fondo del asunto: la responsabilidad política y penal en el uso desproporcionado de la fuerza. El mensaje es claro: en el Perú, cuando se trata de altos funcionarios, la ley se aplica con reticencia, y las muertes en contextos de protesta social no merecen atención institucional.

Al mismo tiempo, el Congreso intenta lavarse la cara tras el escándalo de la presunta red de prostitución en su propia sede. Aunque el informe final descarta que existiera tal red, sí confirma la existencia de contrataciones irregulares y connotaciones sexistas en la selección de personal técnico. Sin embargo, la atención mediática y política ha quedado atrapada en la forma del escándalo, desviando el foco de fondo: el uso indebido del aparato público para favorecer intereses personales o partidarios, algo que también se refleja en el blindaje a Dina Boluarte. Esta doble moral institucional —de perseguir escándalos mediáticos mientras se encubre la muerte de ciudadanos— revela el profundo deterioro ético de quienes deberían representar al país.

El Perú atraviesa una crisis de representación y confianza, donde el Congreso y el Ejecutivo funcionan más como pactos de protección mutua que como contrapesos democráticos. El archivo de denuncias sin debate no solo perpetúa la impunidad, sino que refuerza la desconexión entre el poder y la ciudadanía. En un país que aún no logra cerrar sus heridas más recientes, la justicia se convierte en un privilegio selectivo y no en un derecho para todos. Y mientras no se rompa este ciclo de encubrimiento y complicidad, la democracia peruana seguirá secuestrada por los intereses del poder antes que por la voz de su pueblo.