El brutal ataque ocurrido el pasado 31 de mayo, alrededor de las 2:30
de la tarde en el chifa ´El Buen Sabor´ ubicado en la avenida María Elena
Moyano (Ruta D) cruce con la avenida Mariátegui, en el Grupo 08 del Sector 6 de
Villa El Salvador no solo dejó a una madre y a su hijo heridos por balas
perdidas, sino que reveló con crudeza el nivel de violencia que azota a
nuestras calles. Ya no se trata de ajustes de cuentas aislados, sino de una
criminalidad que ha invadido la vida cotidiana, obligando a los vecinos a vivir
con miedo incluso al realizar actividades tan simples como salir a comer. La
indignación es creciente, pero también lo es la sensación de abandono por parte
del Estado.
Las cifras son alarmantes: más de 140 casos de extorsión, decenas de homicidios y cientos de robos en lo que va del año en Villa El Salvador. Y sin embargo, la respuesta estatal es débil, ineficaz, o simplemente ausente. Mientras la Policía investiga lo sucedido, la comunidad exige medidas concretas. No se puede pedir calma cuando la población siente que su seguridad depende más de la suerte que de la ley.
Es doloroso escuchar testimonios como el del niño herido, preocupado más por el dolor de su madre que por el suyo. Esa imagen no debería ser parte de la rutina de ningún barrio, pero en el Perú actual, parece que estamos comenzando a normalizar lo inaceptable. La violencia ya no es una excepción; se ha convertido en una parte más del paisaje urbano, una amenaza latente en cada esquina.
Este no es un problema exclusivo de Villa El Salvador, sino el reflejo de un país sumido en la inseguridad. ¿Hasta cuándo seguiremos contabilizando víctimas sin exigir cambios reales? La violencia no puede seguir siendo una estadística más. El Estado tiene la obligación de recuperar el control, y nosotros, como sociedad, la responsabilidad de no callar frente a la indiferencia. Porque cuando la vida pierde valor, la democracia también se debilita.