La libertad de prensa es uno de los pilares esenciales de toda democracia, porque garantiza que la ciudadanía pueda informarse, opinar y fiscalizar el poder sin presiones ni amenazas. Sin embargo, los 140 ataques contra periodistas y medios de comunicación registrados en lo que va del 2026 revelan una realidad preocupante: ejercer el periodismo en el Perú sigue siendo una tarea de alto riesgo. Cuando informar se vuelve peligroso, no solo se vulnera a los comunicadores, sino también el derecho de la población a conocer la verdad.
Las opiniones recogidas en Villa El Salvador reflejan una percepción extendida en la ciudadanía: la libertad de prensa no sería plena en el país. Muchos vecinos expresan que los medios responden, en algunos casos, a intereses políticos o económicos, y que eso influye en la manera en que se presenta la información. Esta desconfianza no nace de la nada; se alimenta de experiencias concretas, de silencios sospechosos y de coberturas que parecen favorecer más a unos que a otros.
A ello se suma un escenario todavía más grave: la violencia contra periodistas y la fragilidad de los modelos de financiamiento de los medios. El asesinato de cuatro periodistas el año pasado es una señal de alarma que no puede normalizarse. Si a ello se añade la precariedad económica de muchos medios, la independencia editorial queda expuesta a presiones que limitan su capacidad de fiscalizar, cuestionar y denunciar con libertad.
Por eso, defender la libertad de prensa no debe entenderse como una consigna abstracta, sino como una urgencia nacional. Un país que tolera ataques contra periodistas y acepta medios sometidos a intereses particulares debilita su propia democracia. Garantizar una prensa libre, plural e independiente es garantizar que la sociedad pueda mirar de frente a su realidad, sin cortinas de humo ni verdades condicionadas.