La violencia contra los animales no puede seguir siendo tratada como un hecho menor ni como un arrebato aislado. El reciente y brutal asesinato de un perro sin hogar en Villa El Salvador ha vuelto a sacudir la conciencia colectiva y ha generado una legítima indignación ciudadana. Este caso, que presuntamente involucra a una mujer adulta mayor, no debe desviar la atención del fondo del problema: el maltrato animal es un delito y refleja una grave fractura ética en nuestra sociedad, independientemente de la edad o condición del agresor.
En el Perú, el marco legal es claro. La Ley N.° 30407 reconoce a los animales como seres sintientes y obliga al Estado a garantizar su protección. Además, el artículo 206-A del Código Penal tipifica el maltrato y el abandono como delitos que pueden ser sancionados con hasta cinco años de prisión cuando el acto provoca la muerte del animal, así como con multas e inhabilitación para tener o trabajar con animales. No se trata solo de normas escritas, sino de herramientas concretas que deben aplicarse con firmeza para erradicar la impunidad.
Sin embargo, la existencia de leyes no basta si no hay una ciudadanía vigilante y comprometida. A pesar de que en el último año se han registrado más de 2,500 denuncias y cerca de 100 sentencias, estas cifras siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. Denunciar es un acto de responsabilidad social. Canales como la Línea 1818, las comisarías, las fiscalías y los gobiernos locales son claves para que los casos no queden archivados ni silenciados.
Lo ocurrido en Villa El Salvador debe marcar un punto de quiebre. Las manifestaciones vecinales y los plantones de activistas reflejan una sociedad que ya no tolera la crueldad ni la indiferencia. La justicia debe actuar con celeridad y de manera ejemplar, no por sed de castigo, sino para enviar un mensaje claro: la vida, incluso la de quienes no tienen voz, merece respeto y protección. Solo así podremos aspirar a una sociedad más justa, empática y verdaderamente civilizada.