EXTORSIÓN QUE DA MIEDO

El alarmante incremento de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana durante enero de 2025 expone una crisis de seguridad que las autoridades no pueden seguir ignorando. Con casi 800 casos registrados en un solo mes, la situación ha superado el umbral de lo tolerable, evidenciando la impunidad con la que operan las organizaciones criminales. Distritos como San Juan de Lurigancho y Lima Cercado, donde la incidencia es mayor, reflejan el abandono de políticas efectivas de prevención y control del delito. El Estado, lejos de garantizar seguridad, ha permitido que la extorsión se arraigue como una práctica cotidiana.

 El problema no se limita a zonas específicas, pues la inseguridad se ha extendido a toda la ciudad sin distinción. Distritos tradicionalmente más exclusivos, como San Isidro y Miraflores, también han sido afectados, demostrando que la criminalidad no discrimina. Sin embargo, en sectores históricamente más golpeados, como Lima Norte y Lima Sur, el dominio territorial de bandas criminales es una realidad cada vez más evidente. Estas organizaciones han convertido la extorsión en una industria altamente lucrativa, consolidando un sistema de terror que exige respuestas urgentes.

 El impacto de este fenómeno va más allá de la estadística; afecta directamente la vida de los ciudadanos y la economía de sectores clave, como el transporte. La movilización de gremios afectados, que denuncian el pago obligatorio de cupos como un "impuesto" adicional, es una clara señal del fracaso institucional. La normalización de este tipo de violencia es inaceptable y revela la incapacidad de las autoridades para enfrentar el problema con eficacia. La inseguridad ya no es solo una preocupación, sino una amenaza constante que paraliza la vida diaria.

Es momento de que el gobierno asuma un rol proactivo y tome medidas contundentes para frenar la extorsión. Se requiere una estrategia integral que combine inteligencia policial, fortalecimiento institucional y políticas de desarrollo social que ataquen las raíces del problema. La ciudadanía no puede seguir esperando mientras el crimen organizado sigue ganando terreno. La extorsión no debe convertirse en un mal inevitable, sino en un desafío que el Estado está obligado a enfrentar con determinación y resultados concretos.