VILLA EL SALVADOR: MEDIO MILLÓN DE VECINOS, SOLO 250 POLICÍAS Y UN CRIMEN QUE AVANZA SIN FRENO
Mientras el gobierno anuncia estados de emergencia, la inseguridad crece en zonas olvidadas por el Estado. Expertos alertan que sin una estrategia integral, el crimen solo se desplaza, no se reduce.
La ola de violencia y extorsión que afecta a miles de peruanos ha comenzado a alcanzar a los propios operadores de justicia. La fiscal Margarita Jaro Pinto, del Primer Despacho de la Fiscalía provincial penal titular de San Juan de Lurigancho, denunció haber sido víctima de amenazas y extorsión por parte de organizaciones criminales, debido a su trabajo en la investigación contra la banda criminal “Los Chukys de Juan Pablo II” en un contexto donde los fiscales se convierten en blanco del crimen organizado.
En entrevista con ´Diálogo Ciudadano´, el sociólogo y especialista del área de seguridad ciudadana, Stefano Corzo, advirtió que este caso refleja “el desamparo total” en el que se encuentra la ciudadanía y el sistema judicial. “Si una fiscal que representa al Estado es extorsionada, eso describe de manera trágica la magnitud de la inseguridad. Vivimos un deterioro total de la institucionalidad”, sostuvo.
De acuerdo con cifras mencionadas por Corzo, en lo que va del año se han registrado más de 20 mil denuncias por extorsión en el país, un incremento de cerca del 30% respecto al 2024. Lima Metropolitana concentra entre el 40% y 50% de estos casos, con San Juan de Lurigancho como uno de los epicentros del crimen. El especialista advirtió que la cifra real podría duplicarse, considerando la gran cantidad de víctimas que no denuncian por desconfianza en la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.
Sobre el anunciado estado de emergencia en Lima, Corzo se mostró escéptico. Recordó que medidas similares aplicadas en el Callao entre 2000 y 2010 no redujeron la criminalidad, sino que desplazaron temporalmente las bandas delictivas hacia otras zonas. “Mientras haya militares o policías en las calles, el delito se mueve; cuando se van, vuelve. No se trata de ocupar territorio, sino de entender cómo funcionan las nuevas estructuras criminales”, explicó.
El experto señaló además que los protocolos de protección para fiscales y jueces son inexistentes o ineficaces, y que el Ministerio Público debe implementar mecanismos de resguardo más sólidos. “Los fiscales también son ciudadanos y el Estado tiene la obligación de protegerlos”, enfatizó. Casos como el de la fiscal Jaro Pinto, que trabaja en uno de los distritos más violentos de Lima, muestran el nivel de exposición en el que operan los funcionarios públicos.
Finalmente, Corzo cuestionó la baja presencia policial en distritos críticos como Villa El Salvador, donde apenas habría medio centenar de agentes para cientos de miles de habitantes. “La ONU recomienda entre dos y tres policías por cada mil personas, pero en estos distritos la cifra está muy por debajo. Hay capacidad para movilizar efectivos a marchas en el centro de Lima, pero no para reforzar las zonas más golpeadas por el crimen”, lamentó.