¿PERÚ SE RETIRA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS? EL TRASFONDO POLÍTICO DETRÁS DEL ANUNCIO DE BOLUARTE

La declaración de la presidenta Dina Boluarte sobre el posible retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado una fuerte controversia política y jurídica en el país. Según analistas, la medida respondería a un cálculo personal y político de la mandataria, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre su responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales. El politólogo Yef Lizana Guillén, invitado en el programa ´Diálogo Ciudadano´, advirtió que esta decisión está directamente vinculada con la aprobación de la ley de amnistía y con un intento de blindaje frente a futuras demandas internacionales.

Lizana explicó que, en la práctica, la Corte Interamericana funciona como un espacio al que las víctimas acuden cuando no encuentran justicia en sus países. En ese sentido, un eventual retiro del Perú limitaría las posibilidades de que los familiares de las más de 50 víctimas de la represión estatal encuentren justicia fuera del sistema nacional. “La presidenta está jugando su última ficha política, pues busca evitar que una eventual resolución judicial favorable en el Perú sea apelada en instancias internacionales”, señaló el especialista.

No obstante, el politólogo remarcó que este tipo de decisiones no se concretan de inmediato. El retiro de un Estado de la Convención Americana de Derechos Humanos requiere de un proceso largo y complejo, que supera los plazos del actual gobierno. “No es que mañana mismo el Ejecutivo presente un documento y el Perú quede fuera de la Corte. Hay un protocolo con tiempos administrativos y políticos que este gobierno no alcanzará a cumplir”, precisó Lizana, subrayando que el anuncio tiene más de jugada electoral que de medida efectiva.

Finalmente, el especialista advirtió que el debate sobre la salida de la Corte se convertirá en un tema de campaña de cara a las elecciones generales de 2026. En ese marco, sostuvo que el país necesita una clase política que aborde con seriedad los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y no los use como armas de coyuntura. “Retirarse de la Corte es un retroceso para la protección de los derechos fundamentales. Más que un beneficio para la población, es una maniobra política que busca favorecer a algunos sectores”, concluyó.