En medio de la creciente crisis política, la Fiscalía ha señalado al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santibáñez, como presunto cabecilla de una organización criminal.
En medio de la creciente crisis política, la Fiscalía ha señalado al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santibáñez, como presunto cabecilla de una organización criminal. Así lo explicó Alexander Maita, exasistente de cátedra de derecho penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), durante una entrevista en ´Diálogo Ciudadano´. Según el jurista, la acusación es de suma gravedad, pues Santibáñez afronta hasta doce investigaciones abiertas, pese a lo cual fue designado recientemente como ministro.
El operativo denominado “Ícaro”, ejecutado el pasado 25 de agosto, incluyó el allanamiento de 20 inmuebles, entre ellos la vivienda de Nicolás Boluarte. De acuerdo a la resolución judicial, Santibáñez habría pasado de ser parte del brazo de protección de la red liderada por Boluarte a crear su propia organización criminal tras asumir el cargo ministerial, con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante delitos contra la administración pública.
La tesis fiscal destaca además el caso conocido como la mina ´El Dorado´, en el que Santibáñez habría favorecido al empresario Franco Parodi para recuperar el control de dicha compañía. En esta maniobra, se habría contado con la participación de altos mandos policiales, incluido el general Gregorio Villalobos, entonces jefe de la Dirección del Medioambiente de la PNP, lo que refuerza la hipótesis de una red con ramificaciones institucionales.
Asimismo, el fuero político que hoy ostenta Santibáñez complica el avance de las investigaciones, ya que lo protege con el privilegio del antejuicio. No obstante, la magnitud de las denuncias y el número de procesos abiertos deberían llevar al Congreso a tomar decisiones inmediatas. “Los casos que suelen hacerse mediáticos por estos personajes de la política suelen caerse porque no logra corroborarse los elementos que el tipo penal exige”, advirtió el especialista.