El jurista especializado en derecho y gestiòn pùblica, Pier Paolo Marzo cuestionó duramente la designación de Juan José Santibáñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, calificándola como una “burla” a la ciudadanía y a los propios congresistas que meses atrás lo censuraron.
El jurista especializado en derecho y gestiòn pùblica, Pier Paolo Marzo cuestionó duramente la designación de Juan José Santibáñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, calificándola como una “burla” a la ciudadanía y a los propios congresistas que meses atrás lo censuraron. En entrevista para `Diálogo Ciudadano`, recordó que la figura del ministro de Justicia está ligada directamente a la defensa de los derechos humanos, lo cual resulta contradictorio frente a los antecedentes del nuevo titular del sector.
Marzo señaló que la población ya había expresado su rechazo a Santibáñez en anteriores encuestas, en las que un 87% consideraba que debía ser destituido o renunciar. Asimismo, recordó que incluso se le creó un cargo especial en el pasado para mantenerlo dentro de la estructura estatal, lo que a su juicio evidenció un uso indebido de los recursos públicos y una muestra de la precariedad del actual régimen.
El especialista advirtió también sobre los riesgos que implica la gestión de Santibáñez, pues enfrenta procesos penales e impedimento de salida del país por presuntos intentos de soborno a funcionarios del INPE y del Tribunal Constitucional. En ese sentido, alertó que podría utilizar el ministerio para favorecer a reclusos que antes defendió como abogado, así como para impulsar maniobras políticas destinadas a blindar a la presidenta Dina Boluarte y a su entorno más cercano.
Finalmente, Marzo consideró que el Congreso se encuentra en una posición incómoda, dado que el nombramiento supone una afrenta a los legisladores que lo censuraron. Si bien sectores opositores han planteado interpelaciones, el analista estimó que la mayoría parlamentaria podría terminar tolerando la designación para mantener los acuerdos políticos con el Ejecutivo, a pesar del evidente costo en términos de legitimidad institucional.