TC CONGELA INVESTIGACIONES CONTRA BOLUARTE HASTA 2026: ¿BLINDAJE O RESPETO A LA CONSTITUCIÓN?

El Tribunal Constitucional (TC) decidió suspender las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta el término de su mandato, el próximo 29 de julio de 2026. La resolución se basa en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que limita las acusaciones contra un mandatario en funciones únicamente a casos de traición a la patria, impedimento de elecciones y disolución del Congreso fuera de los supuestos previstos. Esta decisión ha generado un intenso debate jurídico y político, dado que deja en pausa los procesos iniciados por el Ministerio Público en casos como el denominado “Rolexgate”.

En el programa ´Diálogo Ciudadano´, el constitucionalista Dante Olivera explicó que la demanda competencial presentada por el Ejecutivo se sustentó en que las investigaciones fiscales afectarían las competencias presidenciales y la conducción del gobierno. Según precisó, la sentencia del TC no anula las indagaciones, sino que las congela hasta que Boluarte deje el cargo. “Los elementos de prueba quedarán ahí y el proceso podrá retomarse una vez concluido el mandato”, subrayó Olivera.

El especialista también recordó que no es la primera vez que se aplica este criterio en la historia política del país. Presidentes como Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski no fueron investigados durante su gestión, aunque posteriormente enfrentaron procesos judiciales e incluso condenas. En ese sentido, Olivera sostuvo que lo más probable es que Boluarte siga el mismo camino, considerando las evidencias ya acumuladas en las pesquisas.

Sin embargo, la polémica persiste. Críticos advierten que esta decisión genera un vacío en la lucha contra la corrupción, pues un presidente podría presuntamente cometer delitos comunes sin ser investigado de inmediato. Ante ello, Olivera señaló que el Congreso tiene la potestad de ejercer un “control político” mediante la vacancia por incapacidad moral, aunque reconoció que su aplicación depende de la correlación de fuerzas parlamentarias. “Nos guste o no, el Tribunal Constitucional es la última palabra en la interpretación de la Constitución”, concluyó.