Este 16 de julio, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó locomotoras donadas para la ruta Lima–Chosica, pero la iniciativa ha sido duramente cuestionada por falta de estudios técnicos, planificación y coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Este 16 de julio, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó locomotoras donadas para la ruta Lima–Chosica, pero la iniciativa ha sido duramente cuestionada por falta de estudios técnicos, planificación y coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En entrevista con Diálogo Ciudadano, la regidora Ivonne Tapia advirtió sobre los riesgos urbanos, el gasto público y la improvisación del proyecto.
Según Tapia, el material rodante presentado por la Municipalidad de Lima no cumple con los estándares de un sistema ferroviario moderno. “No son trenes, son vagones de más de 40 años de uso. Esto no fue una donación: el propio acuerdo de consejo reconoce que se trata de una transacción”, señaló.
Agregó que el proyecto fue anunciado sin planificación, ni análisis del impacto urbano: “Hay viviendas, redes de agua, desagüe y electricidad en el entorno. No se ha pensado en el reordenamiento urbano ni en la seguridad de las personas”, dijo en Diálogo Ciudadano.
La regidora respaldó la postura del Ministerio de Transportes, que ha exigido condiciones técnicas mínimas para autorizar la puesta en marcha del tren. “El MTC tiene funciones claras: velar por la seguridad vial y los procedimientos administrativos. No se puede permitir que un proyecto así se imponga por impulso político”, indicó.
También criticó la falta de coordinación institucional: “Ni siquiera se firmó un convenio con el ministerio antes de anunciar públicamente esta iniciativa. Todo se hizo al margen de la ley”.
Durante la presentación del tren, una de las locomotoras se descarriló. Para Tapia, este incidente fue una señal de alerta: “Ese descarrilamiento se minimizó, pero si hubiera estado lleno de pasajeros, estaríamos hablando de una tragedia”. Expertos estiman que el acondicionamiento real de la ruta podría tardar cinco años y costar más de 500 millones de dólares.
La falta de planificación, transparencia y diálogo convierte este proyecto en un símbolo de improvisación. Cuando las decisiones se toman desde el capricho político y no desde una visión técnica y ciudadana, los más afectados son los contribuyentes y los vecinos. El tren Lima–Chosica, más que una solución de transporte, corre el riesgo de convertirse en una pesada carga para la ciudad.